Pueden acogerse a las medidas empresariales adoptadas con ocasión del COVID-19, entre ellas los expedientes de regulación de empleo, si se cumplen, en su caso concreto, las condiciones estipuladas en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo y que detallamos a continuación.

A efectos de dicha norma, pueden presentar el ERTE por fuerza mayor:

i) Todas las empresas a las que, tanto antes como después de la declaración del estado de alarma, no les resulta posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por parte de la Administración Pública

2) Las afectadas por razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento preventivo (decretado por las autoridades sanitarias)

3) Todas aquellas que se vean obligadas a suspender su actividad como consecuencia del cierre de locales de afluencia pública, restricciones del transporte público o falta de suministros que impida gravemente la continuidad de la actividad, siempre que estas causas sean consecuencia directa del COVID-19.

4) La Administración del Estado considerará automáticamente de fuerza mayor los ERTES planteados por las empresas que tienen prohibida su apertura a partir de la entrada en vigor del RDL 8/2020 (entre las que se encuentran, entre otras, las chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables, así como las terrazas), pero no las panaderías

5) Las restantes empresas (entre ellas, las panaderías) que se vean obligadas a presentar un ERTE por la disminución de su actividad como consecuencia de circunstancias distintas de las anteriores deberán justificar en la memoria de presentación del ERTE las razones por las que consideran que el ERTE es de fuerza mayor, las cuales serán valoradas por el órgano competente para su resolución.

Es decir, a diferencia de las actividades que están obligadas a cerrar tras la entrada en vigor del RDL 8/2020 y cuyos ERTES se considerarán automáticamente de fuerza mayor, las panaderías podrán también presentar ERTES alegando fuerza mayor, por las circunstancias derivadas del coronavirus, pero tendrán que justificar las razones que lo motivan. En el caso de suspensión o cancelación de actividades (p. ej., degustación) se deberá acreditar la conexión causal entre la suspensión o cancelación decretada gubernativamente y la interrupción o pérdida de actividad.